El próximo 3 de septiembre sesionará la Asamblea Universitaria de la UNLaR -máximo órgano de gobierno de la casa de altos estudios-, luego de que el Consejo Superior resolviera “declarar la necesidad de prorrogar los mandatos de las actuales autoridades universitarias unipersonales y colegiadas”. Lo aprobado por los consiliarios responde a la imposibilidad de realizar el proceso eleccionario previsto para el presente año por la Pandemia de COVID-19.

La Universidad Nacional de La Rioja atraviesa días de definiciones sobre su futuro institucional, teniendo en cuenta que, semanas atrás, el Consejo Superior resolvió postergar el proceso electoral que debía realizarse en el presente año. De acuerdo al Reglamento Electoral, se debía dar inicio al cronograma para la renovación de autoridades, cumpliendo con los tiempos establecidos en el mismo y en el Estatuto Universitario; pero, debido a que la continuidad de la pandemia de Convid-19 hace incierta la posibilidad de un desarrollo normal y seguro de dicho proceso, el órgano colegiado decidió -por unanimidad- posponer las elecciones para 2021.

Asamblea Universitaria

A partir de esto, se convocó a Asamblea Universitaria para el próximo 3 de septiembre, a los fines de resolver la situación de la Universidad Nacional de La Rioja a partir del próximo 20 de diciembre, fecha en la que se cumplen los mandatos de los cargos unipersonales y colegiados elegidos en 2017.

Cabe recordar que la Ordenanza N° 188/20, aprobada el 23 de julio último, dictada por el Consejo Superior de la UNLaR, declaró la necesidad de prorrogar los mandatos de las actuales autoridades universitarias unipersonales y colegiadas, legitimadas en el proceso eleccionario llevado a cabo en el año 2017 hasta el momento en que tenga lugar el acto de asunción de las nuevas autoridades electas de esta Casa de Altos Estudios, una vez superada la situación de fuerza mayor provocada por la Pandemia de COVID 19 declarada a nivel mundial.

Los 162 miembros del máximo órgano de gobierno universitario tendrán como misión asegurar la tutela integral y el ejercicio efectivo de los derechos políticos de toda la comunidad universitaria y la protección de los principios democráticos y participativos, como valores fundamentales de la casa de estudios. Es necesario dar certeza de la validez y duración de los mandatos de las autoridades colegiadas y unipersonales a los efectos de garantizar un normal funcionamiento de la institución.

Durante este período, se receptaron proyectos a ser considerados en la asamblea de los próximos días, como así también el asesoramiento legal de representantes de otras universidades nacionales que atraviesan idéntica o similar instancia preelectoral y de profesionales del derecho y/o docentes de carrera de Abogacía de la UNLaR.

En esta línea, la secretaria Legal y Técnica de la Universidad Nacional de Catamarca (donde ya se resolvió renovar los mandatos por un año), Dra. Claudia Pacheco, indicó: “en estas condiciones, la decisión del Consejo Superior de la UNLaR no sólo es legítima, sino que ha sido adoptada en cumplimiento estricto de los fines establecidos por la Ley de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad en el marco de la Autonomía Universitaria consagrada constitucionalmente. Queda en poder de la Asamblea el resguardo de dicha Autonomía Universitaria, la decisión de prorrogar los mandatos estableciendo la duración temporal de dicha prórroga…”.

Por su parte, el docente universitario, de amplia trayectoria en la Justicia Electoral Nacional, Dr. Alberto Bruno, consideró que la decisión del Consejo Superior de la UNLaR de postergar el proceso electoral “está muy bien porque es la única salida”, y que la estimación de fechas para un futuro llamado a elecciones -entre seis meses, como mínimo, y un año, como máximo-, “es una prórroga razonable”. El profesional destacó la importancia de “preservar la normalidad institucional de la universidad”, para evitar “correr riesgos, por ejemplo, de una intervención”; y finalizó explicando: “la única salida jurídica consiste en prorrogar los mandatos”.

Otro de los profesionales consultado desde la Casa de Estudios fue el constitucionalista Pedro Carreño, quien afirmó: “sólo sostengo que la prórroga de los mandatos, en estas circunstancias, es la que más se ajusta a las normas y principios del Estatuto de la Universidad, actualmente vigente, que consagra el sistema político-electoral, fundamentalmente los principios de la soberanía popular y de elección de las autoridades por medio del voto directo, obligatorio, secreto y simultáneo por la comunidad universitaria”.

Asimismo, el titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de La Rioja, Dr. Edgardo Valenzuela, opinó: “a mi entender, sería válida la prórroga de mandatos de cargos unipersonales y colegiados de nuestra institución (UNLaR) en el marco de excepcionalidad que vivimos respecto del COVID-19”.

Antecedentes

En la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo Superior extendió los mandatos de los decanos y vicedecanos de las ocho facultades que tenían elecciones este año. Los mandatos se renovaron sin un plazo determinado, pero sujetos a “la evolución de la cuarentena”.

Igualmente, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto prorrogó los mandatos de los decanos, vicedecanos y los miembros de los consejos directivos y del Consejo Superior “hasta tanto asuman las nuevas autoridades elegidas conforme el proceso electoral que se encuentra en marcha y se reanudará en sus plazos y en la etapa en que fue suspendido el día 20 de marzo, cuando lo disponga el Consejo Superior luego de levantado el aislamiento obligatorio”.

A su vez, la Universidad Nacional de Tucumán también aprobó postergó los mandatos de los actuales miembros de los Consejos Directivos de las Facultades y Consejero Superior “hasta tanto sean electos y asuman los nuevos consejeros, en comicios que se realizarán una vez que estén dadas las condiciones sanitarias adecuadas que permitan el desarrollo del proceso electoral”.

En la Universidad Nacional de La Pampa, el Consejo Superior prorrogó excepcionalmente los mandatos de consejeros superiores y directivos titulares y suplentes de todos los claustros y sector nodocente hasta tanto se puedan elegir las nuevas autoridades. En ese sentido, establecieron que el cronograma electoral debe ser aprobado a los 30 días del cese de las medidas restrictivas de circulación.

Por su parte, en la Universidad Nacional de San Juan debían elegir autoridades el pasado 10 de junio, pero la situación de emergencia impidió los comicios; por lo que la Asamblea -en sesión extraordinaria- decidió prorrogar temporalmente el mandato de todas sus autoridades “hasta que la situación sanitaria permita las elecciones”. Lo hicieron para evitar caer en acefalía desde el 1 de julio.