La Universidad Nacional de La Rioja, a través de la Comisión de Discapacidad, expresó un fuerte rechazo a la medida implementada por el Gobierno Nacional sobre el recorte de las pensiones a personas con discapacidad.
En el escrito, el coordinador de la Comisión de Discapacidad -dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNLaR-, Carlos Ledesma, explicó que se estima que entre un 13 % y 15 % de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad; en la provincia de La Rioja tenemos registrado 10.411 pensiones por discapacidad y en la UNLaR tenemos registrado 248 alumnos con diferentes discapacidades -transitorios y permanentes-, afectados por tal decisión; siendo la pensión mínima por discapacidad de 4.400 pesos (250 dólares), la mitad de un sueldo mínimo, pero la mayoría cobra 7.000 (437 USD).
El Gobierno Nacional, que busca reducir el déficit fiscal, intensificó durante el mes de junio la baja de pensiones por no cumplir todos los requisitos pero sin tomar en cuenta la situación socio-ambiental de los hasta ahora beneficiarios; además dejó de entregar desde hace un año nuevos certificados de discapacidad.
Entre enero y lo que va de junio fueron dadas de baja o suspendidas en el país 83.133 pensiones no contributivas, según datos oficiales, frente a poco más de un millón que había otorgadas hace un año sobre 40 millones de habitantes.
"Es un grave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de 'extrema indigencia', lo que se contradice con tratados internacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional", indicó el Coordinador; al tiempo que agregó: “no logramos entender tal arbitraria medida; más teniendo en cuenta que la vicepresidenta Gabriela Michetti se desplaza en sillas de rueda, así como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Por tal motivo decimos no al recorte de pensiones para discapacidad”.
Cabe mencionar que entre las causales de suspensión de una pensión por discapacidad, el gobierno nacional determinó que no podrán acceder a ellas: aquel discapacitado cuyo tutor responsable (cónyuge o consanguíneo obligado) perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir: 19.200 pesos por mes; quienes tienen un bien a su nombre, como un auto, independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado y/o aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.