El máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional de La Rioja declaró su repudio por el fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Mar del Plata “por el brutal femicidio de la joven Lucía Pérez”. El Consejo Superior consideró que se trató de un veredicto “misógino e injusto”, y apeló “a la efectiva transformación del sistema judicial”
En el marco de una nueva sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja, y previo a abordar los Asuntos Entrados, el presidente del Cuerpo, Fabián Calderón, solicitó el abordaje de una declaración sobre el caso “Lucía Pérez”.
Para ello, se requirió el tratamiento sobre tablas de un pronunciamiento en coincidencia a lo manifestado desde la Red Interuniversitaria de Género, lo que fue aprobado por los consiliarios presentes. Una vez que el Cuerpo se constituyó en comisión, Calderón expuso los términos del documento:
“VISTO: el fallo dictado por el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de la Ciudad de Mar del Plata con motivo del asesinato Lucía Pérez, producido en esa misma Ciudad, el día 8 de octubre de 2016; y, CONSIDERANDO: Que el citado fallo evidencia que en ámbitos del Poder Judicial de nuestro país se mantiene, y en ocasiones se profundizan, criterios machistas que gobiernan la lógica de su pensamiento. Así, juezas y jueces, y demás funcionarios judiciales, reproducen saberes estandarizados y pocos proclives a comprender la realidad tal cual es, lo comprueba que la modificación de esos patrones culturales, ubicados desde una cierta superioridad, es también una tarea difícil de resolver.
Que, tal decisorio judicial viene a confirmar la sistemática falta de perspectiva de género que exhibe el sistema judicial de nuestro país, lo que se manifiesta tanto en sus estructuras, argumentos, operadores judiciales, como así también en la falta de respuesta de todo el proceso de instrucción judicial previa.
Que, la sentencia, desgraciadamente, encuentra fundamento en la estigmatización y culpabilización de la víctima, con un alegato cargado de prejuicios machistas y faltos de entendimiento sobre las condiciones de producción de las violencias sexistas en nuestra sociedad. A su vez, expresa pretensiones disciplinadoras en dos sentidos: por un lado, por la lectura condenatoria que hace de la forma de vida de la joven y, por otro, porque se trata de una injusta y dolorosa situación vivida por Lucía, que desencadenó el Primer Paro Nacional de Mujeres el 19 de octubre de 2016.
Que, en tal sentido cabe recordar que la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones de los órganos jurisdiccionales es una obligación a partir de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, así como de otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país se ha obligado a cumplir. Sin embargo, nos interesa señalar también que la formación de operadores judiciales con estas competencias es muy escasa. Nos encontramos nuevamente frente a una realidad preocupante: las universidades de nuestro país, que forman a jueces, fiscales, secretarios y demás funcionarios/as judiciales, psicólogos/as, médicos/as forenses, periodistas, etc. no incorporan enseñanza específica desde la perspectiva de género y de los DDHH. Mucho menos hacen transversales en sus planes de estudio estos contenidos, que son los únicos que garantizan un abordaje serio e informado para intervenir en este tipo de situaciones tan graves”.
Más adelante, el pronunciamiento indicaba: “Que, asimismo, los jueces, fiscales y peritos no son las excepciones, sino el producto de un sistema educativo que desconoce la normativa internacional y que, como se señala, no incorpora los estudios de género como punto nodal de la educación de todo y cualquier ámbito profesional. Esto lleva a que muchos/as profesionales, graduados/as de la educación superior, cumplan un rol penoso y repudiable en muchas de las investigaciones y actuaciones estatales.
Que, desde este Consejo, repudiamos este fallo misógino e injusto, apelamos a la efectiva transformación del sistema judicial, y sobre todas las cosas, exigimos que la Universidad pública forme profesionales con sensibilidad, criterio y capacidad de intervenir con perspectiva de género.
Que, nuestra Casa de Estudios acompaña el pedido de justicia y repudio por la tortura y asesinato de Lucía Pérez. Y destaca que, como es de público conocimiento, nuestra ciudad se encuentra en emergencia por violencia de género.
Por todo ello, en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias y previo tratamiento en particular de lo antes “Visto y Considerado”, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja declaró “repudiar el fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Mar del Plata por el brutal femicidio de la joven Lucía Pérez, producido en esa Ciudad, el 8 de octubre de 2016” y exigió “justicia y acompañamiento a la familia de Lucía Pérez”.