En su Acta de Declaración en Defensa de la Universidad Pública Nacional, el Consejo Económico y Social -reunido el lunes último en la sala de la Reforma del Consejo Superior de la UNLaR- expresó su preocupación ante la actual realidad política, económica y social y declaró su rechazo a cualquier decisión política que implique afectar la calidad educativa y ponga en riesgo la continuidad del sistema.


En las siguientes líneas, el Acta de Declaración:

En la Ciudad de La Rioja, a los 10 días del mes de Septiembre de dos mil dieciocho, reunido el Consejo Económico y Social de La Rioja en la 4° Asamblea General Ordinaria, ante la situación que atraviesan las Universidades Públicas y la necesidad de la defensa de la misma. Siendo que las Universidades Nacionales son instituciones fundamentales para la movilidad e integración social y el desarrollo nacional, hoy los miembros del Consejo Económico y Social abajo firmantes nos unimos para expresar nuestra preocupación frente a la actual realidad política, económica y social y defender, juntos, a la Universidad pública y gratuita, así como también los derechos de todos/as los/as trabajadores/as.  

La interrupción o exclusión de fondos para las Universidades Nacionales representa una regresión para la Educación Pública que afecta directamente al futuro de nuestros jóvenes y a nuestra identidad como país destacado por la calidad de la enseñanza y su educación pública y gratuita, como muestra de la igualdad de oportunidades en el acceso al patrimonio educativo y el progreso social. El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la falta de remisión de las partidas fijadas en el presupuesto nacional, está generando un desfinanciamiento de la Universidad Pública en todo lo que hace a sus tareas de funcionamiento, investigación y desarrollo. Por tal motivo se ha generado la sub-ejecución de las partidas, y además es necesario una clara actualización del presupuesto para el año 2019. Por eso instamos a sostener  los principios fundamentales del sistema universitario público, tales como: El reconocimiento de la educación universitaria como un bien púbico social, un derecho humano universal,  y una responsabilidad del Estado. El sostenimiento de un sistema público de educación superior.  La gratuidad y promoción de la inclusión y retención. Asimismo solicitamos dar continuidad al proceso de crecimiento de la universidad pública, y que permita, entre otros, promover el crecimiento presupuestario, profundizar un programa de infraestructura e equipamiento y mejoras de las condiciones de estudio y de trabajo, continuar con los programas de fortalecimiento a todas las ciencias, crecer tanto en la investigación como en extensión e integración inter universitaria.

La universidad pública argentina autónoma, gratuita y cogobernada debe proseguir su responsabilidad histórica como herramienta  central para facilitar el desarrollo de nuestro País y el bienestar de nuestro pueblo, garantizando calidad de los conocimientos impartidos en el pregrado, en el grado, y en post grado. Se debe avanzar hacia la resolución de los problemas y deficiencias de las Universidades públicas en nuestro País,  que amenazan con provocar una grave involución en las mismas, que las incapacitarían para jugar un papel positivo para contribuir a una salida socialmente justa de la actual crisis económica y sistémica que padecemos.

 Y por otra parte, de cara a avanzar con criterios y líneas estratégicas básicas para Otra Universidad Posible. Deben sentarse las mismas en: Una formación básica, polivalente y crítica como forma de acceso al saber complejo y siempre abierto. Un gobierno democrático como forma de garantizar la autonomía e independencia de las universidades públicas. Una Universidad autónoma que garantice la independencia científica, académica y democrática. Una Universidad pública al servicio de toda la sociedad. Una Universidad cooperativa que estimule la colaboración académica e investigadora. Una Universidad gratuita que no impida el acceso por razones económica. Una situación estable del profesorado que facilite su independencia, motivación y renovación pedagógica. Además, es necesario proteger, los derechos laborales de los trabajadores/as universitarios, solicitando que se garantice una recomposición salarial acorde a la inflación  creciente en nuestro país. Que, ante esto el Consejo Económico y Social de La Rioja, a través de todos y cada uno de sus integrantes, se ve en la obligación de DECLARAR su rechazo a cualquier decisión  política que implique afectar la calidad educativa y ponga en riesgo la continuidad del sistema. Asimismo dejar en claro nuestro apoyo como institución  a las Universidades Publicas Nacionales con sede en nuestra provincia y las de toda la Nación.