En un documento que fue sometido a votación, en Asamblea General, docentes, nodocentes, graduados y estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja se pronunciaron críticamente contra las políticas de ajuste financiero del Gobierno nacional contra el sistema universitario.

Tras la jornada de protesta desplegada en la mañana de este miércoles, 22 de agosto, los cuatro estamentos universitarios se constituyeron en Asamblea General, oportunidad en la que aprobaron un documento que será emitido a las autoridades y legisladores nacionales.

El multitudinario encuentro entre docentes, nodocentes, graduados y estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja se desarrolló en la plazoleta Sembradores de Esperanza, en el ingreso a la Ciudad Universitaria.

A continuación, damos a conocer el texto aprobado:

 DOCUMENTO DE LOS CUATRO ESTAMENTOS EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y GRATUITA

La comunidad universitaria de la UNLaR, junto a la comunidad de la provincia de La Rioja, se reúne una vez más con el convencimiento y la decisión de defender la educación pública, ante un creciente ajuste presupuestario que atenta directamente contra el sistema universitario y la población en general.

El proceso de devaluación e inflación vuelve muy dificultoso cualquier proyección institucional y presupuestaria, incluyendo las de corto plazo.

La problemática sobre el sistema universitario se centra además en el retraso en la transferencia de los fondos para gastos de funcionamiento y la paralización de obras de infraestructura, la falta de acuerdo paritario entre el Ministerio de Educación y los Docentes y Nodocentes Universitarios y Preuniversitarios, lo que ha motivado la adopción de medidas de fuerza que afectan la prestación de los servicios docentes y nodocentes en los ámbitos universitarios y preuniversitarios.

El crítico cuadro de situación se explica a partir de los siguientes factores:

• La devaluación. Desde mediados de diciembre a la actualidad, la devaluación del peso supera el 50%, incidiendo en las tarifas de servicios, alquileres, combustibles y diversos insumos con componentes importados (en general equipamientos y elementos tecnológico y de laboratorios para distintos campos de la ciencia); afectando aún más cuando se acumulan deudas en pesos del presupuesto asignado, pero no transferidos a tiempo a las universidades.
• La inflación. Que deteriora los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, con una inflación acumulada al mes de julio del 19.6% y un índice anualizado que se estima en por lo menos 32%.
• La subejecución y el recorte de programas. Al 30 de junio en el componente salarial y de gastos de funcionamiento no se enviaron a las universidades nacionales 2.500 millones de pesos. Simultáneamente, y en lo que atañe a los programas de distintos ministerios para universidades nacionales, sólo se ejecutaron 376 millones sobre un total de 5.700 millones de pesos, lo que equivale al 7,1%. La subejecución y el recorte de programas específicos impacta en todo el sistema universitario, afectando de manera particular a las universidades que se encuentran en emergencia edilicia y de infraestructura.

En tal sentido, LOS CUATRO ESTAMENTOS QUE CONFORMAN EL CO-GOBIERNO UNIVERSITARIO NOS CONSTITUIMOS EN ASAMBLEA GENERAL para elevar el presente documento a las autoridades nacionales y exigirles que revean las medidas adoptadas en materia política y financiera, afirmando que las mismas afectan directamente a la condición salarial e institucional de los/as trabajadores/as docentes y nodocentes; estamento Graduados y estudiantes, lo que redunda en la continua pérdida del poder adquisitivo, debido al creciente impacto de la inflación y la devaluación. Asimismo, se insta a la reactivación de las obras de infraestructura en las universidades nacionales y a regularizar la transferencia de los fondos.

Que, este contexto de devaluación de los salarios docentes y de desfinanciamiento del sistema universitario, ha llevado a la adopción de medidas de fuerza por parte de los mismos, rechazando la oferta salarial propuesta desde Nación y determinando mediante plebiscito nacional universitario organizado por sus federaciones el no inicio de clases del segundo cuatrimestre ante la reticencia del gobierno nacional de convocar al diálogo y establecer propuestas acordes al contexto político, social y económico que atravesamos como país.

Que, además advertimos de la presión para evitar la cobertura de cargos nodocentes vacantes, afectando seriamente la calidad de prestación del servicio, sobretodo en universidades como la UNLaR que cuenta con menos de la mitad del personal nodocente necesario para un adecuado funcionamiento.

Que requerimos el cese del ataque a las plantas Nodocentes, evitar cualquier intromisión del Ministerio de Modernización, que ya ha demostrado en distintas universidades su incapacidad de evaluación y su vocación de ridiculizar las funciones de las/os trabajadores, como parte de una clara política de desprestigio a la educación pública.

Que, la delicada situación incluye, entre otras cosas, el retraso en la transferencia de fondos para gastos de funcionamiento y para obras de infraestructura de las universidades nacionales por parte del Gobierno Nacional a lo largo del año 2018, demora que se verifica en la mayoría de las universidades públicas argentinas, producto de la coyuntura económica nacional, de alta inflación e incrementos significativos de las tarifas de los servicios públicos

Que, es así que la situación de las Casas de Altos Estudios nacionales se torna crítica, lo que impide el inicio de las actividades del segundo cuatrimestre, ya que no se pueden atender los pagos de servicios, proveedores y la realización de actividades académicas como salidas de campo y compra de insumos para trabajos prácticos, entre otros.

Que, desde el estamento de Graduados se plantea que el desfinanciamiento provoca: 1 - peligro en la continuidad y crecimiento de programas de inserción laboral de graduados a través de pasantías, 2 - peligro para el desarrollo de proyectos de investigación y de extensión, y 3 – detrimento de la calidad construida en educación superior, actualización y capacitación profesional permanente a través de posgrados.

Como graduados, queremos para los futuros profesionales las mismas condiciones que tuvimos para desarrollarnos, en una universidad de calidad y gratuita. La educación pública es un derecho innegociable. Eso permitió que el 80 por ciento de los graduados del sistema universitario argentino sean primera generación de profesionales en sus familias; eso habla del impacto de la universidad pública en el territorio.

Para que los futuros profesionales universitarios cuenten con las mismas condiciones de formación que quienes somos nueva generación de graduados de nuestras familias, como el 80 por ciento de profesionales que se formó en la universidad de calidad y gratuita.

Que, los/as estudiantes, a su vez, expresan su malestar debido a que los recortes presupuestarios afectan a través de la reducción de becas, la paralización de obras en nuestra Universidad destinadas a mejorar la calidad del servicio (albergues en las sedes y delegaciones regionales, comedor estudiantil y biblioteca), la actividad estudiantil necesaria para el desarrollo, perfeccionamiento profesional y personal (viajes, trabajo de campo, distintas prácticas, participación en congresos, movilidad, etc).

Que, resulta imprescindible que el Estado argentino garantice las condiciones necesarias para el genuino ejercicio del derecho a la Educación Superior, en tanto la misma se concibe como "un bien público, un derecho humano universal y un deber de los estados" (Preámbulo CRES 2018). Que, es preciso reafirmar enfáticamente nuestro pronunciamiento en defensa de la Universidad pública, gratuita, laica, cogobernada, libre, inclusiva y autónoma.

Que, por todo esto, la comunidad universitaria solicita a las autoridades del Gobierno nacional intensificar los acuerdos en búsqueda del consenso que evite la profundización de las medidas de fuerza en curso y satisfaga las demandas mencionadas

Que, asimismo, exigimos el inmediato llamado a paritarias, con una propuesta salarial superadora a las hasta ahora realizadas, y que contemple el Convenio Colectivo de los trabajadores docentes y nodocentes Universitarios y Preuniversitarios, entendiendo de que es el único camino para sostener la educación universitaria pública, gratuita, cogobernada, inclusiva y de calidad.

Que, finalmente nos solidarizamos con la difícil situación que atraviesa el conjunto de las universidades nacionales, que pone en peligro la educación en general y el trabajo de miles de argentinos/as.

Frente a esta situación, instamos a las autoridades nacionales a la realización de todos los esfuerzos para concretar a la mayor brevedad y en el marco de la paritaria nacional, la formalización de una oferta de incremento salarial satisfactoria dada la coyuntura económica nacional signada por la alta inflación y devaluación verificadas, como así también regularizar la transferencia de fondos para los gastos de funcionamiento y la continuidad de las obras de infraestructura de las universidades nacionales.

Asimismo, solicitamos a nuestros legisladores nacionales en el Congreso de la Nación (los diputados Karina Molina, Julio Sahad, Héctor Olivares, Beder Herrera y Danilo Flores; y a los senadores Julio Martínez, Inés Brizuela y Doria y Carlos Menem) que generen los espacios de diálogo correspondientes para contrarrestar esta crítica situación que vivimos las universidades nacionales, en particular las casas de altos estudios asentadas  en territorio riojano, y que atiendan la problemática presupuestaria actual y que redoblen esfuerzos para revertir esta situación en el presupuesto universitario de 2019.