El máximo órgano de gobierno de la universidad reunirá el próximo miércoles a 12 agrupaciones políticas, para dictarse la norma principal que rige la vida universitaria. El límite a la reelección indefinida, el juicio político a funcionarios, el voto electrónico, eliminación de las colectores, y la ampliación de derechos para estudiantes, graduados, docentes y nodocentes, son algunos de los principales cambios que implementaría el nuevo estatuto.

La Universidad Nacional de La Rioja tendrá un nuevo suceso histórico pos toma universitaria, que deviene del transitar democrático que se inicióen el 2014. Se trata de la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno, ya que en ella confluyen los cuatro estamentos de la Universidad, el Consejo Superior, Consejos directivos, y decanos. También expresa la representatividad política-institucional que existe en este ámbito. La convocatoria para esta Asamblea el próximo 14 de diciembre, es quizás la más importante de todas: aprobar el nuevo estatuto universitario que se elaboró desde hace más de un año, por medio de la Comisión de Reforma.

La Asamblea, está conformada por 162 integrantes. La aprobación del nuevo estatuto debe alcanzarse con un porcentaje de dos tercios respecto al total de los integrantes de la asamblea.  El antecedente más inmediato que tiene la Asamblea es la convocatoria del 2014, cuando en aquella oportunidadel cuerpo estableció las normas para las primeras elecciones democráticas que se realizaron en la UNLaR. Durante más de 20 años, la Universidad de La Rioja estuvo regida por un sistema que impedía situaciones surgidas de la democracia como por ejemplo la pluralidad de representación política. Hoy la realidad es otra, y esta Asamblea estará integrada por 12 agrupaciones políticas, que surgieron luego de la caída del régimen del ex rector, Enrique Tello Roldán.

Aquella Asamblea de 2014 estableció 21 puntos, referidos al sistema electoral, que también son parte del nuevo estatuto. En efecto, lo acordado no se modificó en la comisión de Reforma sino que se respetó lo votado en esa ocasión. De esa manera, el estatuto tuvo modificaciones parciales por lo que fue necesario iniciar el proceso de Reforma Integral del Estatuto; un anhelo establecido en la toma universitaria de 2013.

Fue así que el 31 de agosto del 2015, a partir de la convocatoria del rector Fabián Calderón, el Consejo Superior de la UNLaR inició el trayecto de reforma integral del Estatuto. Este contiene 213 artículos, de los cuales sólo el último fue incorporado por el Consejo Superior de la UNLaR, a sugerencia del área Legal y Técnica, mientras que los restantes 212 fueron trabajados en la Comisión Ad Hoc de reforma estatutaria.

Se concretaron 16 sesiones, en la que se trataron y aprobaron 10 Títulos, que contienen 212 artículos.La comisión estuvo integrada, proporcionalmente, por los tres espacios políticos que tienen representación en el Consejo Superior: 12 Movimiento Universitario de la Toma (MUT), 6 Frente Para Todos UNLaR, y 2 de Lista Estudiantil Independiente (LEI), presidida por el rector. Además se incorporó a la decana del departamento de Salud, Beatriz Córdoba, que si bien no tiene representación estamentaria, es de un espacio político diferente.

El debate

Durante las 16 sesiones que se realizaron a final del 2015 y a lo largo del 2016, hubo largos debates de los proyectos presentados por las agrupaciones que participaron en la comisión, como así también de las propuestas que hicieron el sindicato docente SIDIUNLaR, graduados, y la agrupación estudiantil A.R.M.O, en cada caso sobre sus estamentos.

De ese debatesurgieron 77 artículos aprobados en forma unánime, 135 por mayoría, de los cuales solo 43 de ellos obtuvieron votos negativos siendo los restantes 92 aprobados por mayoría y algunas abstenciones.

Un nuevo estatuto participativo

La Asamblea Universitaria tendrá la posibilidad de establecer un nuevo régimen que es totalmente diferente a lo establecido durante el gobierno del ex rector Tello Roldán. El nuevo estatuto propone una técnica legislativa ordenada, ya que el vigente es de normas muy ambiguas, y además tendrá lenguaje inclusivo.

Define la educación superior como un derecho humano y un bien público social; señala que es un deber fundamental del Estado garantizar el acceso y la permanencia a ella de todos los ciudadanos en igualdad y libertad; garantiza la pluralidad y la diversidad ideológica, política y religiosa.

En cuanto al gobierno y la gestión de la Universidad hay cambios fundamentales: La elección de las autoridades es directa y por medio del voto ponderado de los cuatro estamentos universitarios; se unifica la duración del mandato de las autoridades en tres años y se prohíbe la reelección por más de un período consecutivo; según se dispone, todas las autoridades electas están sometidas a juicio de responsabilidad política por su desempeño y su conducta, previendo la suspensión o la remoción del cargo.

Establece en forma innovadora la iniciativa y la consulta popular para que la ciudadanía universitaria analice y se pronuncie sobre los asuntos concernientes tanto al Consejo Superior como al Rectorado sometidos a su consideración. Ninguna otra universidad del país las prevé.

En el plano electoral: Establece que los comicios se realizan en forma directa, obligatoria, secreta, simultánea y por lista de candidatos completa;  implementa el sistema de boleta única mediante el voto electrónico y elimina expresamente las colectoras; incorpora la elección directa de los directores de carrera; garantiza la representación de las minorías en todos los órganos de gobierno mediante el sistema de reparto proporcional D’Hont; asegura la representación de las sedes del interior en los órganos colegiados de gobierno;  garantiza y amplía efectivamente la participación política mediante la reducción de las condiciones para ser Rector, Vicerrector y Decano; y  garantiza a todas a las agrupaciones políticas igualdad para difusión de sus propuestas electorales en los medios universitarios.

El nuevo estatuto incluye como derechos estudiantiles obligatorios la licencia estudiantil, el seguro obligatorio y el funcionamiento del comedor universitario. Garantiza el acceso y la permanencia libre y gratuita para todos los estudiantes de pregrado y grado; fija un régimen de becas y ayudas económicas para incentivos académicos, profesionales, deportivos y de transporte;  garantiza la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación de los docentes; asegura la conformación de los centros de estudiantes y el reconocimiento de las federaciones de centros de estudiantes.

Para los estamentos Docente y Nodocente,  el proyecto incorpora las disposiciones del convenio colectivo de trabajo para ambos sectores. La UNLaR pasará a ser la primera universidad que hace referencia en su estatuto a las normas convencionales del sector, garantizando así la efectividad docente a través de la carrera y los concursos docentes; y además afianza los derechos, la estabilidad y la promoción laboral de los trabajadores Nodocentes. Para los Graduados, establece un régimen de becas de posgrado, se les dará prioridad en el inicio de la carrera docente y asegura la participación de los graduados en la vida política universitaria, permitiendo la conformación de agrupaciones de graduados.